Procesados.

La juez que investiga el escándalo de las facturas falsas detectado en el distrito Macarena ha dictado auto de procesamiento contra el ex concejal de Salud y Consumo José Antonio García, su entonces jefe de área, José Marín Rodríguez, el contratista José Pardo García y el colaborador del distrito Manuel Portela Alcántara.
El auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 15, Silvia Soto, acuerda además el archivo de la causa contra otros dos imputados: Jesús Barrera Cienfuegos, socio de la empresa Contratas y Obras de Sevilla, y el colaborador del distrito Antonio Pazo Con. La juez considera, tal y como puso de manifiesto la Fiscalía a mediados de abril durante la vista preliminar que establece la ley del tribunal del jurado, que no puede atribuírsele a estas personas la comisión de ninguna infracción penal.
La instructora de la causa, siguiendo la tesis del Ministerio Público, sitúa a José Pardo García, ex socio de Juan Guerra, como principal sospechoso de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental por los que se iniciaron las investigaciones. Este contratista fue quien cobró a unas semanas de las elecciones municipales de 2003 los 28 cheques por obras en el distrito, entre las que se encuentran las dos facturas falsas por la demolición de la capilla de San Diego.
La resolución relata que, en diciembre de 2002, una vez que Contratas y Obras de Sevilla había cesado prácticamente su actividad mercantil, José Pardo "ideó valerse por su cuenta y riesgo del nombre de la empresa a fin de obtener adjudicaciones de obras menores (inferiores a 4.000 euros) de carácter urgente y así obtener una ganancia a título individual". Al igual que el fiscal, la instructora apunta las conexiones políticas de José Pardo con el PSOE, al afirmar que este imputado logró que le "llamaran para formar presupuestos" de las obras menores "prevaliéndose del conocimiento personal que había adquirido a través del partido político al que pertenecía o había pertenecido, respecto de determinados funcionarios o autoridades que detentaban poder de decisión dentro del distrito de la Macarena".
El auto precisa que el ex secretario del distrito José Marín Rodríguez, estrecho colaborador del concejal, José Antonio García, "expidió y firmó" las órdenes de trabajo de las 28 obras investigadas y que, según la juez, no estaban exentas de "irregularidades u omisiones importantes". En estas órdenes figura José Pardo como representante de Contratas y Obras de Sevilla, "sin que se le pidiera justificación del poder" que acreditara la autorización de la empresa al contratista.
La juez sostiene que tanto José Marín como el colaborador Manuel Portela, también procesado y que actuaba como "enlace del anterior, tenían la obligación de "comprobar in situ que la obra se había realizado", por lo que ambos conocían que los trabajos de la demolición de la capilla de San Diego no se habían ejecutado. A pesar de ello, el ex secretario del distrito acordó el pago de las 28 facturas, incluidas las dos que no se hicieron, una actuación con la que, según la juez, José Marín "consintió que José Pardo se apropiara lisa y llanamente del importe correspondiente a las mismas, que ascendió a 4.796,08 euros".
La juez subraya que Marín envió fotocopias de los cheques pagados al servicio de Intervención Municipal, en los que figuraba la empresa Contratas y Obras de Sevilla, y después escribió el nombre completo de José Pardo en los originales, lo que permitió que el contratista pudiera cobrarlos por ventanilla en una oficina bancaria.
La imputación del ex concejal José Antonio García, que era el máximo responsable del distrito Macarena cuando se efectuaron los pagos, se produjo porque "firmó" los talones que fueron abonados a José Pardo.
El auto del Juzgado número 15 ha acordado asimismo la práctica de nuevas diligencias, entre ellas, la averiguación de los trabajadores que tuvo la empresa entre los años 2002 y 2003, y la relación concreta de los servicios que Manuel Portela realizó para el Ayuntamiento cuando era colaborador del distrito Macarena.

El asunto, desde luego, pinta bastante mal para el que fuera dicharachero y cercano concejal socialista. Sus compañeros de partido, no le han acompañado una sóla vez a los juzgados ni, como parece, lo arroparán en caso de que tenga que cambiar forzosamente de domicilio. Lo han dejado, literalmente, tirado.El alcalde Monteseirín le debe mucho a García y debería estarle agradecido por su silencio.